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Hay condena judicial en el 8,6% de informes de la Contraloría

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Desde el pago de viáticos de forma indebida hasta cancelar por la reparación de equipos como si se los comprara nuevos. Los 24.579 informes aprobados por la Contraloría General del Estado (CGE), entre enero del 2007 y junio pasado, evidencian las situaciones que se dan en el manejo de los fondos públicos.

Son documentos que ganan protagonismo con el enjuiciamiento de Carlos Pólit, contralor por una década en el periodo 2007-2017, acusado de recibir sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para manipular informes.

Pólit lo niega y reitera que en su gestión envió 2.176 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) a la Fiscalía, entidad que debe investigar e iniciar los procesos judiciales.

Uno de estos informes señala que siete servidores de ocho gasolineras de Petroecuador, en El Oro y Sucumbíos, no justificaron un faltante de $ 303.783 entre 2011 y 2014. Entre las irregularidades está el movimiento del producto no registrado, diferencias entre los depósitos y las ventas en una zona fronteriza en la que hay tráfico de combustible.

En estos procesos, la Contraloría notifica a los acusados para que den sus pruebas de descargo. En este último caso, uno de los aludidos dice que cuando ingresó a la gasolinera detectó un faltante de combustible por lo que, afirma, le informó a su jefe, quien le habría respondido que era “un error numérico”.

El 17 de diciembre de 2015 llegó a la Fiscalía otro IRP que evidencia, en cambio, el manejo de compañías incautadas a través del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN no más impunidad.

El documento detalla que se adjudicó la administración de dos compañías incautadas, a una empresa privada, que luego, a través de su gerente, compró una de ellas.

El informe de Contraloría indica que la administradora se benefició de información privilegiada para adquirir una de estas empresas y obtener contratos por servicios petroleros por casi un millón de dólares.

Empresas incautadas

Es una práctica que también se plantea en un documento sin remitente, bajo el título de Tcleaks, que circula desde esta semana en redes sociales, en el que se le pide al presidente Lenín Moreno que investigue el desvío de fondos a través de las firmas incautadas.

Christian Viteri y María Paula Romo, exasambleístas que se desligaron del movimiento AP, concuerdan que la mayor parte de los IRP se centran en los mandos medios y que los casos más fuertes se derivan de investigaciones particulares.

El mismo informe de labores 2007-2016 de Contraloría, de diciembre pasado, indica que el IRP del exgerente de Petroecuador Álex Bravo por enriquecimiento ilícito, que la Fiscalía receptó el 17 de junio de 2016, se deriva de la filtración sobre la creación de empresas offshore realizada por el Consorcio de Periodistas de Investigación el 3 de abril de ese año.

En dicho informe, la Contraloría aseguró que no es de su competencia “la investigación” sobre “la constitución de empresas offshore”. Aunque seguidamente señala que sí le “corresponde analizar el origen de los fondos empleados y si tales derechos” están o no en las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios.

En este caso, el IRP indica que durante el periodo en el que Bravo fue funcionario de Petroecuador recibió $ 544.184 en depósitos sin respaldo sobre el origen de esos montos, según la edición Nº 47 de la publicación Fiscalía Ciudadana. Se trata presumiblemente de fondos públicos para la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

Para Viteri, el régimen anterior creó un ambiente de impunidad: “Esto comenzó con la eliminación de los informes previos de Contraloría y Procuraduría, luego realizó una modificación legal para que los contratos en las empresas públicas que son los millonarios se puedan hacer bajo la modalidad del giro específico del negocio”.

Un total de 1.781 de estos (IRP) fueron remitidos de julio del 2011 hasta mayo del 2017 con Galo Chiriboga como fiscal general. En aquel periodo se emitieron 252 sentencias de las que 153 han sido condenatorias, un 8,6% de los IRP recibidos en ese lapso, más 76 absolutorias y 23 mixtas, según un documento de la Fiscalía enviado por colaboradores del exfiscal.

Si bien en el caso Petroecuador hay algunos peces que no son tan flacos, allí hay más de setenta informes, muchos de ellos son mandos medios”.Christian Viteri, Exlegislador

Este documento indica que, en 2013, el 74% de los casos derivados de los IRP estaban en etapa de indagación previa, un porcentaje que baja al 40% en mayo pasado. Esto desde que en enero del 2015 se aplica un sistema que alerta a la autoridad principal de la Fiscalía cuando alguna diligencia no se concreta a tiempo, dice la publicación Fiscalía Ciudadana.

El exfiscal Washington Pesántez, por su parte, asegura vía WhatsApp que implementó un sistema para acelerar las investigaciones: “La delegación de Contraloría en cada provincia enviaba sus informes al fiscal asignado sin pasar por la Fiscalía General, todo con el fin de agilitar los procesos..., obviamente cada uno de los fiscales es responsable de sus actuaciones en virtud del principio de autonomía funcional”.

Aunque Romo dice que este seguimiento debe hacerse de forma independiente: “En todos los países hay cosas que son reservadas (refiriéndose a los IRP), pero tienen algún mecanismo de vigilancia, esto para llevar un control de este paso (a la Fiscalía) en el que no se ven mejores resultados”.

Sentencias por peculado

Entre los sentenciados por peculado, en los que se necesita para dar paso a la instrucción fiscal, al igual que en los delitos de enriquecimiento ilícito, el IRP de Contraloría, están el exministro de Deportes Raúl Carrión, el primo del expresidente Rafael Correa, Pedro Delgado, por el caso Cofiec, los exalcaldes de Tosagua, Riobamba, Macará, Flavio Alfaro, Saquisilí. El grueso de las penas es a empleados municipales. (I)

Leer Artículo http://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/13/nota/6327238/hay-condena-judicial-86-informes-contraloria