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Control político de Alianza PAIS, ‘en manos’ de Tribunal Electoral

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Quito -

El juez y presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Baca Mancheno, suspendió ayer la audiencia prevista para las 09:00 de hoy y que resolvería una queja planteada el 13 de noviembre por Gabriela Rivadeneira, como secretaria ejecutiva de Alianza PAIS (AP), por el presunto cometimiento de una infracción electoral, en contra de los jueces del Tribunal de Garantías Penales, Esneider Gómez, Wilson Caiza y Juan Tenesaca.

Los magistrados dictaron medidas cautelares a favor del presidente de la República, Lenín Moreno, para que continúe como presidente del movimiento político, luego de que fue destituido de ese cargo el 31 de octubre por Rivadeneira, Ricardo Patiño y otros dirigentes, cuya acción les valió una suspensión por seis meses por la Comisión de Ética de AP.

En manos del TCE está zanjar las pugnas entre el presidente Moreno y el expresidente Rafael Correa, por el control del movimiento de gobierno. Esta división sacude también las posturas en los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes no definen si avalarán con sus veedores la denominada VII convención nacional convocada para este domingo en Esmeraldas.

Según el reglamento de Trámites Contenciosos Electorales, en los asuntos litigiosos de las organizaciones, un afiliado puede acudir hasta el TCE cuando “considere que sus derechos han sido vulnerados y cuando se hayan agotado las instancias internas”.

Rivadeneira denunció que los magistrados penales “interfirieron en el funcionamiento de la Función Electoral”. Y para contrarrestar la decisión judicial, esta facción convocó a una convención.

Esto agitó a los vocales del CNE, pues Rivadeneira pidió al presidente de este organismo, Juan Pablo Pozo, que asigne una delegación de veedores para que observen el programa.

Ese punto debía debatirse la semana pasada en Guayaquil, pero aduciendo motivos personales, Pozo suspendió el acto.

Hasta ayer no había una nueva convocatoria, pero los consejeros preveían mantener una reunión interna en la noche.

Previamente, la vocal Ana Paredes aseguró que el CNE “mal puede enviar a un representante a esta convención”, pues el Tribunal de Garantías Penales ratificó a Moreno en la presidencia.

“Enviar un delegado sería avalar algo ilegítimo, que además tiene una medida cautelar, con la que los jueces dicen que quede sin efecto todo lo que se derive del 31 de octubre”, dijo.

Aunque, advirtió que si el TCE decide a favor de la directiva de Rivadeneira y Patiño, podrían incluso expulsar a Moreno de AP.

Mauricio Tayupanta prefirió no dar su postura, incluso aclaró que enviar una delegación es un tema “administrativo”, que podría tomarla solo Pozo, sin la aprobación del pleno.

“La pregunta de si un veedor necesita la aprobación de un pleno: no la necesita, porque es un tema administrativo, que corresponde al presidente del Consejo”, indicó.

La vicepresidenta, Nubia Villacís, estaba en reuniones y no atendió a la prensa; Pozo no se encontraba en el edificio del Consejo; y Paúl Salazar estaba en Guayaquil.

Hoy, estos últimos tres consejeros terminan su mandato tras seis años de designación como lo establece el artículo 218 de la Constitución.

Se mantendrán en funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) nombre a sus reemplazos, lo que sería en febrero. Recién hoy se sorteará a los diez delegados de la ciudadanía que integrarán la Comisión Ciudadana de Selección. Ellos, junto con los delegados de las funciones del Estado enfrentarán la etapa de impugnación ciudadana.

En tanto, persistió un rumor de que Pozo renunciaría a su cargo, lo que no se confirmó; pero a las 17:00 de hoy rendirá un informe de rendición de cuentas en un salón de la Asamblea Nacional. (I)

Leer Artículo https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/29/nota/6503296/control-politico-ap-manos-tribunal-electoral