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Proyecto legal se enfrenta a principios constitucionales

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El numeral 7 del artículo 24 de la Constitución establece que “se presumirá la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada”. Y el numeral 8 asegura “el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar”. La ley protege nombre, imagen y voz de la persona.

Bajo estas premisas, según el presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Billy Navarrete, el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), presentado por el Partido Social Cristiano (PSC) en la Asamblea, atenta contra los derechos, específicamente el que tiene que ver con la presunción de inocencia.

El artículo 7 del proyecto sugiere la inclusión de un artículo luego del 529 del COIP que autorice la publicación en los medios de comunicación de las personas detenidas en delito flagrante por muerte, abuso sexual, secuestro, robo y violencia contra la mujer.

Navarrete dice que con esta propuesta se estaría violentando el derecho a la presunción de inocencia. Señala que quien reconoce la responsabilidad de un acusado es el juez, “no la opinión pública; y esto estaría en contrasentido con el principio constitucional…”. De ahí que indica que la pretensión del PSC debe pasar primero por una reforma a la Constitución antes que al COIP.

Lo mismo opinan los penalistas Julio César Cueva y Hernán Ulloa, con la salvedad que en caso de que se llegue a autorizar se norme una rectificación para que el sistema de justicia pida disculpas públicamente en caso de que se exponga a gente que luego sea declarada inocente o absuelta.

“Sí estoy de acuerdo, pero hay que normar respecto a las rectificaciones, que si por algún motivo la persona fue absuelta, estas personas deberían tener la oportunidad de que en los medios, el sistema judicial le ofrezca disculpas por exponerlas…”, sostiene Ulloa.

La legisladora Marcela Aguiñaga (antes de AP) ha indicado que por esta propuesta también cabría una reforma a la Ley de Comunicación que impide la publicación en los medios de detenidos sin sentencia ejecutoriada.

Cueva señala que pretender extender el plazo de la prisión preventiva, cuando esté cerca de caducar, también afecta una garantía de la Constitución, que establece límites de seis meses para delitos sancionados con prisión y un año para los castigados con reclusión.

“El proyecto no ha sido hecho por un técnico o un especialista en derecho penal; está queriendo volver a la época de la no caducidad de la prisión preventiva, acuérdese que había tanto abuso… hubo personas que terminaron pagando con la prisión preventiva más tiempo del que les hubiera tocado si eran sentenciados…”.

En la práctica no hay mucha incidencia de caducidades de prisión preventiva, no es el denominador común, por lo que los presos son puestos en libertad. “Salen porque el fiscal no los acusó, o porque el Tribunal los declaró inocente o no hay suficientes indicios para formular cargos…”, señala Ulloa.

Para ambos penalistas, algunas propuestas, como la de no aplicar las medidas no privativas de libertad para un grupo de delitos, son repetitivas, pues ya constan en el Código Penal.

Navarrete sostiene que es una ley contra el reincidente, debido a que pretende, además, aumentar las penas en un 100% para quienes vuelven a delinquir. Estos lineamientos, dice el secretario del Comité por los Derechos Humanos, guardan relación con lo que se denomina el populismo penal al “tratar de endurecer las penas, respondiendo así a un clamor ciudadano, pero sin que eso realmente tenga un efecto real, porque ya se ha dicho que el endurecimiento de penas, incluso la pena de muerte, no tiene un efecto disuasivo...”.

Con él concuerdan los penalistas. El riesgo, dice Navarrete, es que estas medidas lleguen a afectar irreversiblemente a personas inocentes. “Esas medidas de agravamiento de penas son lastimosamente una amenaza para los derechos humanos...”. (I)

Proyecto de leyPrivación de la libertad: “Vencido el plazo de caducidad de la prisión preventiva los jueces ordenarán la privación de libertad del mismo sujeto... siempre y cuando por las actuaciones procesales no se hayan desvanecido los indicios o elementos de convicción que la motivaron”.

De la identificación...: “Las personas detenidas imputadas por delito flagrante... deberán ser identificadas físicamente ante la comunidad, y por ende ante los medios de comunicación”. (I)

El develar públicamente el rostro (...) ya se lo relaciona con un delito; y cuando se reconoce la inocencia o queda sobreseído, el daño a la persona es muy complejo de reparar”.Billy Navarrete,Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos

Se puede ver que es un proyecto de corte populista, es lo que se llama populismo penal, que consiste en esa creencia de que aumentando las penas se combaten delitos”.Julio César Cueva,Abogado

Leer Artículo https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/12/nota/6620884/proyecto-legal-se-enfrenta-principios-constitucionales