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Una sitiada San Lorenzo exige apoyo social y no solo armados

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SAN LORENZO, ESMERALDAS

Cuatro hombres armados caminan a paso apresurado. Todos visten ropa informal y calzan zapatos deportivos; llevan fusiles con repetidoras en sus hombros; en sus piernas o cinturas portan pistolas automáticas. La escena sorprende y asusta a las pocas personas que la mañana del miércoles 2 de mayo están en el parque central y en la entrada del Municipio de San Lorenzo. Los lugareños se quedan callados, bajan la cabeza. Quienes ven por primera vez el cuadro, se quedan paralizados. ¿Son policías, miembros de un grupo armado ilegal o guardias privados?

La respuesta está al otro extremo del parque, frente al edificio municipal. En un hotel, conocido por los sanlorenceños porque es de propiedad del alcalde local, Gustavo Samaniego, hay un grupo de policías de una unidad especial.

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Están alojados allí porque el edificio del Comando está semidestruido y en reparación luego de la explosión de un carro bomba, el pasado 27 de enero, que fue el origen de una serie de atentados en la frontera con Colombia, entre ellos el secuestro y asesinato de tres integrantes de un equipo periodístico de El Comercio, la muerte de cuatro marinos en otro bombazo cerca de la parroquia Mataje y el secuestro de una pareja, aún en poder de un grupo narcoviolento.

Este no es el único cuadro que le da un panorama estremecedor a San Lorenzo, cantón esmeraldeño de 42 mil habitantes. En el ingreso a la población está el Comando de Policía, parcialmente ocupado y reparándose. Allí, la caseta de prevención permanece protegida por una barricada de sacos de arena. Más adelante, otro hotel está ocupado por el GIR y otras unidades especiales de Policía. La avenida frente al establecimiento está cerrada al tráfico en una cuadra.

En este cantón y en el vecino Eloy Alfaro rige el estado de excepción, renovado recién hace una semana por 60 días; en las noches hay toque de queda, en la población nerviosismo, crisis económica y hasta cierto rechazo a aquella militarización, que se circunscribe a la cabecera cantonal de San Lorenzo y a la parroquia Mataje.

En las vías de ingreso desde Esmeraldas e Ibarra, paradójicamente, no se aprecia ningún retén o control móvil policial o militar. En el muelle, desde donde zarpan o llegan embarcaciones que enlazan a San Lorenzo con Colombia, no existe control migratorio. A decir de tripulantes y pasajeros, tampoco hay abordajes para controles en la ruta marítima. Solo el acceso a la parroquia Mataje, donde secuestraron al equipo periodístico el 26 de marzo, es restringido y con dos retenes.

Este miércoles 2, a la hora que los cuatro armados causan miedo en el centro de San Lorenzo, en Quito, el presidente Lenín Moreno posesiona al general (r) Oswaldo Jarrín como ministro de Defensa y a Mauro Toscanini, como ministro del Interior, renovando el frente que maneja la crisis de la frontera norte. Jarrín anunciaría ese día una revisión de la estrategia en la frontera y al siguiente día visitaría las unidades militares de San Lorenzo y Mataje, anticipando una reestructuración de aquellas.

Ese día y casi a la misma hora, Hugo Chávez, director de Relaciones Públicas del Municipio de San Lorenzo, le dice telefónicamente al periodista de este Diario, de cobertura en San Lorenzo, que es difícil lograr una entrevista con el alcalde Samaniego. Y culpa a la prensa nacional de “poner a San Lorenzo donde está”, de “solo informar lo malo”, de “magnificar” los hechos. Durante otras cuatro llamadas en ese día, la respuesta de Chávez giró en que es difícil ubicar al alcalde, que no ha llegado al Municipio, que está ocupado.

Pero el temor de la población es evidente. Y es un sentimiento que muchos lo han sentido durante casi las dos últimas décadas. Por entre los años 2001 y 2010, los asesinatos volvieron a esta población una zona crítica. En la mitad de este período la cifra llegó a cerca de un centenar por año; en el 2008, la zona fronteriza estuvo en vilo por la supuesta presencia del grupo paramilitar colombiano Águilas Negras. En noviembre de ese año, un comando de ese grupo ilegal llegó a la vecina población de Borbón en lanchas, a medianoche, rodeó una discoteca en busca de una persona. En la acción hubo un muerto y dos heridos.

Hoy, dueños de negocios, hoteleros, transportistas y otros miembros del sector productivo se niegan a hablar, porque “la situación está más difícil”. Preguntar parecería ser un osado atrevimiento para la mayor parte de pobladores, asustados por la presencia policial y militar. Esta se la siente en todo momento. Un equipo de este Diario ingresa a la Unidad Judicial Multicompetente, cerca del Municipio, y en tres minutos una docena de policías uniformados y de civil rodean el edificio de esa entidad.

Néicer Hermel Romero es uno de los pocos que acepta una entrevista y resume el sentir de los pobladores. Fue fundador de la Federación de Comerciantes de San Lorenzo, organizada, a decir de él, por el no funcionamiento de la Cámara de Comercio local.

Romero asiente que este cantón se asemeja a cualquier ciudad colombiana en la época dura del conflicto armado entre las FARC, paramilitares y Fuerzas Militares regulares. “Mirándolo así, San Lorenzo está como hace más de 15 años era la Hormiga, en el Putumayo colombiano (frente a Sucumbíos). Lo digo porque yo tenía un negocio allí hasta que llegué hace 14 años acá”, refiere Romero.

El hombre, dueño de un comercio de variedades que hasta enero vendía entre 300 y 400 dólares al día y que hoy solo percibe entre 40 y 60 dólares, reclama a la Policía y Fuerzas Armadas y al Gobierno de Lenín Moreno. A las fuerzas del orden porque supuestamente acosan a la población civil del sector urbano.

“Amedrentan a los civiles y ya nadie viene, es un daño total al comercio. El problema no está aquí, en el centro, sino en la frontera”, señala. Al Gobierno le culpa por carecer de una política de apoyo a la población y por solo enfocarse en lo militar. Lo mismo critica Édgar Arias, de la Federación de Comerciantes: “El Gobierno habla de reactivación, pero no hace nada, no hay ayuda, ni el alcalde aparece para pedir que interceda”.

El jueves 3, el ministro de Defensa afirma que el reajuste de la estrategia en la frontera incluye atención social y anuncia que el Ministerio de Vivienda se encargará de aquello.

Esta declaración se suma a las reiteradas ofertas de atención social para esta zona, donde pocos osan citar a alias Guacho, jefe del Frente Oliver Sinisterra, grupo armado disidente de las FARC señalado por los secuestros, asesinatos y atentados en la frontera norte.

Aquel jueves 3, un grupo de moradores lanza una iniciativa que esperan tenga respuesta. Por la llegada del ministro, colocan banderitas blancas con la palabra paz, en la calle de ingreso al Batallón San Lorenzo. “Queremos que ya pare esto”, dice escuétamente uno de los colocadores de banderas. (I)

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